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domingo, 12 de agosto de 2012

Minoridad: un sistema que no da respuestas y una ley que no se cumple

SERIAS FALENCIAS EN LA ASISTENCIA A CHICOS Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA Las denuncias son planteadas por los principales actores de la problemática. La atención de adicciones, en la mira Ni un defensor oficial de Menores, ni un organismo de Derechos Humanos, ni un juez. Esta vez la denuncia surgió desde el propio gobierno bonaerense. El dato ayuda a dimensionar la agudización de las falencias en el sistema provincial para necesitados de asistencia estatal, en particular para la atención y el abordaje de problemas de adicciones a las drogas, que cada vez recibe más cuestionamientos. La denuncia fue impulsada por el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense por supuestos casos de abusos y maltratos contra menores por parte de celadores y empleados de la clínica Ferromed. Ubicada en Junín, la entidad que forma parte de la red de servicios tercerizados de la Provincia para la derivación de chicos con problemas de adicciones. La clínica había quedado en el medio de la polémica apenas meses atrás a partir de la denuncia impulsada por el defensor Juvenil Julián Axat por la causa de A.D., un chico platense de 13 años que estuvo internado allí por su adicción a las drogas “en condiciones que atentaban contra los Derechos Humanos”, según denunció el funcionario judicial. La repercusión que tuvieron esos casos y la derivación judicial abrió un fuerte debate sobre la forma en que el gobierno bonaerense actúa ante el fenómeno de los menores con problemas de adicciones. Desde el Poder Judicial, pero también desde organismos de Derechos Humanos hay fuertes críticas al criterio de la intervención del Estado, que, dicen, “se basa en el encierro y la medicación más que en un abordaje integral”. Pero los planteos apuntan también a las condiciones de alojamiento de los menores derivados a centros de tratamiento, la falta de controles de las clínicas privadas contratadas por la Provincia con ese fin, la carencia de recursos humanos especializados en esta problemática y al propio abordaje terapéutico. Los cuestionamientos tienen como eje dos organismos bonaerenses: la secretaría de Niñez y Adolescencia, el área de aplicación de la ley de Promoción de los Derechos de los Niños, y la subsecretaría de Atención a las Adicciones del ministerio de Salud. “El problema es que no hay tratamientos para los pibes más allá del encierro y la medicación. No hay ningún tipo de atención”, dice el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias. Fue él quien hizo lugar a un recurso de amparo en el que el defensor oficial Axat denunció que el menor platense A.D. había sido alojado “en un lugar no adecuado para su situación de salud, sin abordaje terapéutico real y en condiciones degradantes para su persona”. “De esa forma, los chicos terminan muertos o reclutados por bandas por la necesidad misma de conseguir drogas. Hay una nueva ley de Salud Mental a nivel nacional donde se plantea que la privación de la libertad es el último recurso. Pero acá nos manejamos con criterios arcaicos”, dispara. En la Provincia hay actualmente algo más de 500 chicos internados bajo tratamiento, repartidos en las seis clínicas infanto juveniles de salud mental que operan bajo el ala del gobierno bonaerense y en las casi 20 comunidades terapéuticas. El subsecretario de Niñez y Adolescencia de la Provincia, Sebastián Gastelú, explica que desde ese organismo lo que se hace es “ofrecer recursos terapéuticos a partir de un diagnóstico que hace el sistema de salud, pero no se ocupa de los tratamientos en sí”. Gastelú niega que falten lugares o que no se hagan controles sobre las clínicas privadas que contrata el gobierno bonaerense. Pero reconoce que en la Provincia hay una carencia de recursos humanos especializados. Y asegura que “hay que cambiar la mentalidad de los profesionales de la salud, que muchas veces no tratan a estos chicos con patologías de base y problemas de adicciones de la misma forma que otros pacientes”. “En la Provincia hay un incumplimiento de las disposiciones sobre este tema que evidencia la crisis del sistema”, asegura el juez Arias El funcionario rechaza, no obstante, las denuncias por falta de controles a los centros privados contratados por la Provincia. “Nosotros hacemos monitoreos permanentes. Lamentablemente a veces nos encontramos con cosas que no están bien, con situaciones que no querríamos ver, a partir de lo cual intervenimos, pedimos la separación de personal o abrimos sumarios”, destaca. Para el subsecretario de Atención a las Adicciones del ministerio de Salud provincial, Carlos Sanguinetti, los problemas se centran también en la falta de especialistas en niñez y adicciones. “No son muchos los psiquiatras infanto juveniles, un tema que va en consonancia con los problemas que tiene el sistema de atención con recursos humanos en cantidad y en calidad. Estamos trabajando para solucionarlo pero lleva tiempo”, explica. Sin embargo, Sanguinetti reconoce que “hoy en la Provincia hacen falta lugares de internación adecuados y acondicionados para atender a niños con trastornos de salud mental o adolescentes con abuso de sustancias. Ahora comenzamos a hacer readecuaciones edilicias en el Hospital de Niños de La Plata”, destaca. Pero para quienes cuestionan el sistema, no es suficiente, como señala el juez Luis Arias.
“Es dramático: cada vez hay más chicos adictos” Lo dice el director de Niñez y Adolescencia del Municipio, quien admite desbordes en la contención de los menores Para Carlos Dabalioni, director de Niñez y Adolescencia del Municipio platense, la historia de A.D. -el chico de 13 años por el que un defensor oficial acusara al Estado provincial y comunal de haberlo abandonado en su adicción a las drogas (Ver “A.D, el caso...”)- no es nada nueva dentro del conflictivo mapa de los menores en riesgo en nuestra región. Según el funcionario, de hecho, “el problema de los chicos adictos en la Provincia es dramático. Cada vez hay más y es probable que en ese contexto social el Estado se vuelva muchas veces ineficiente”. Ley y estructuras Sancionada en 2005, la ley provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños marcó un cambio de paradigma con respecto a la antigua ley de Patronato. Según información oficial del gobierno bonaerense, desde entonces 122 de los 135 municipios de la Provincia han adherido a ley y tienen conformados sus equipos locales para el abordaje de esta problemática. Pero consultado sobre la responsabilidad comunal en el caso puntual de A.D, Dabalioni detalló que “el Municipio no tiene ninguna comunidad terapéutica o centro especializado para tratar adicciones, lo cual no significa que no debería tenerlo. Yo entiendo el reclamo que (el defensor penal juvenil) Julián Axat le hace a la Municipalidad, pero creo que nos culpa de no haber prevenido una situación de este tipo. Es un reclamo aceptable, pero hay que entender que la Comuna no cuenta con la infraestructura necesaria como para abordar un caso de estas características”. Tras asegurar que “el instrumento del Municipio en estos casos es la Provincia”, el director de Niñez municipal explicó que “ante un derecho vulnerado nosotros articulamos con todos los actores del Estado. En casos de este tipo, lo que se hace desde el Municipio es seguir un protocolo: se evalúa al chico en el hospital provincial Reencuentro y, a partir del diagnóstico de los profesionales se le asigna el tratamiento necesario, que puede ser ambulatorio o directamente una internación”. A la hora de explicar el rol de los actores públicos, el funcionario remarcó que “los municipios tienen direcciones de adicciones que pueden servir como una primera instancia de atención al chico, pero no clínicas o centros para realizar el tratamiento que una adicción grave requiere. Pero eso no es algo que no tenga La Plata sino ningún municipio de la Provincia”.
SERIAS FALENCIAS EN LA ASISTENCIA A CHICOS Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA A.D., el caso que desató la polémica El caso de A. D., el chico de 13 años que estuvo casi dos semanas desaparecido tras escapar del Hospital de Niños de La Plata el 6 de julio pasado y cuya madre recurrió a este diario para pedirle un tratamiento por su adicción a las drogas, puso en evidencia la situación de abandono de la que son víctimas los menores en situación de riesgo y, al mismo tiempo, sirvió para disparar el debate sobre las condiciones del sistema de minoridad en suelo bonaerense. A. D., un pibe que criado por una madre viuda en Altos de San Lorenzo, ingresó a diversas instituciones en busca de una respuesta a su problemática de adicciones. Luego de que EL DIA se hiciera eco de esta situación, en su edición del 13 de junio pasado, la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia decidió tres días después, el 16 de junio, internar al chico en la clínica neuropsiquiátrica Ferromed, de la ciudad de Junín, donde, según comprobó la Justicia platense tras un amparo presentado por el defensor penal juvenil de La Plata Julián Axat, el menor fue encerrado en una pequeña celda de aislamiento con una ventana sin vidrios, equipada únicamente con un colchón de gomaespuma, violando así todos los estándares de derechos humanos de internación para un niño. Según el amparo presentado por el defensor oficial, el chico estaba alojado en una celda sin vidrios y soportando bajas temperaturas, además de tener un camastro de cemento para dormir. “El sistema penal y policial es el lugar de despliegue y etiquetamiento en que terminan casos como el del niño A.D -precisó Axat en su presentación-, pues las políticas públicas en salud mental y de seguimiento terapéutico para niños y adolescentes pobres, resulta un fracaso institucional manifiesto. Como parte de ese fracaso institucional en el seguimiento y abordaje de A.D, del cual la Provincia y el Municipio de La Plata (con su fracasado Servicio Local) son absolutos responsables, de que el mismo haya sido criminalizado”. “Si bien las Comunidades Terapéuticas y Clínicas Psiquiátricas al estilo ‘Ferromed’ pretenden dar una imagen hacia fuera de que no se trata de un sistema carcelario -detalló Axat en su informe ante el juez Arias-, reproducen sus prácticas internas. El nivel de efectividad que tienen las sanciones, control, confesión, el uso de fármacos, y celdas de aislamiento, son asimilables, como dispositivo neutralización, a una cárcel. Todo indica que ‘Ferromed’ es un lugar psiquiátrico para el abordaje de jóvenes pobres, símil a una cárcel. Que incumple todos los estándares en salud mental adecuados para cualquier niño”. A partir de la presentación de Axat, el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias convocó a una audiencia en la que, luego de reconocer el error de internar a A.D en un lugar como Ferromed, las autoridades bonaerenses se comprometieron al traslado del chico al Hospital de Niños de La Plata para su evaluación interdisciplinaria en el plazo de tres días. Sin embargo, según el propio Axat y la madre del menor relataron a este medio, el chico permaneció una semana en un box del sector de Infectología hasta que, pese a la presencia de funcionarios de la Secretaría de Niñez, escapó. Cuando el chico apareció, casi dos semanas después de su fuga y luego de que la policía lo encontrara en Altos de San Lorenzo, la jueza de familia Silvia Mendilaharzo, a cargo de disponer el tratamiento adecuado de A. D. y resguardar sus derechos durante estos años, dispuso su internación en la clínica psiquiátrica San Pablo, lugar que ya había alojado sin éxito al chico meses atrás. En un actitud que a varios especialistas llamó la atención, además, la magistrada también indicó que se impida el contacto del niño con su madre. Casi dos meses después de que tomara estado público, el caso sigue reflejando la ineficiencia estatal para cuidar a los niños en problemas y el incremento del riesgo para todos aquellos chicos que necesiten de tratamientos especializados. Un problema en la mira de la Justicia El Poder Judicial se ha convertido en los últimos meses en un protagonista central en la polémica por las falencias e irregularidades en el sistema de abordaje a la problemática de chicos con adicciones en la Provincia. La primera intervención surge desde los juzgados de Familia que son, eventualmente, quienes disponen las internaciones de los menores. Pero además desde el Poder Judicial han surgido, a través de fallos y resoluciones, fuertes cuestionamientos a la infraestructura, el abordaje y los tratamientos que reciben los menores, que se dispararon a partir de casos puntuales como el del chico A.D. (ver aparte). Cumplir con la ley En mayo de este año, un juzgado platense ordenó a la municipalidad de La Plata y a la provincia de Buenos Aires que den cumplimiento a la ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Dispuso que ambas administraciones deberán construir, en el término de seis meses, “uno o más paradores” con infraestructura y personal para atender a los chicos que viven en nuestra ciudad en situación de calle. La decisión fue adoptada por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, quien hizo lugar a una acción de amparo promovida por la Asociación Miguel Bru. La resolución judicial establece que esos paradores deberán estar disponibles durante las 24 horas, no sólo para “aquellos niños institucionalizados sino también de los que se presenten espontáneamente”. Arias resolvió además que esos paradores deberán contar con un equipo interdisciplinario integrado por trabajadores sociales, psicólogos, abogados y médicos especialistas en clínica, pediatría, toxicología y psiquiatría. Arias recibió también un recurso de amparo impulsado por el defensor oficial Juvenil de La Plata Julián Axat en que se reclama una audiencia pública de carácter “urgente” con el Ejecutivo bonaerense para crear nuevos mecanismos en el tratamiento y seguimiento de casos de chicos con problemas de adicciones. Además, pide que “ordene que el ministerio de Salud y la Secretaría de Niñez dispongan la creación, en un plazo lo más breve posible, de un servicio público de salud mental adecuado y de excelencia en internaciones, en el ámbito del Hospital de Niños de La Plata”. Costos Según afirma el defensor oficial Julián Axat, cada plaza de alojamiento que terceriza la Provincia cuesta un promedio de 200 pesos por día. “Pero el costo de la internación por día es aparte. Carecemos de elementos para ilustrar al respecto, pero se trata de sumas para nada irrisorias”, dice. FUENTE: Diario EL DIA. EDICION IMPRESA

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